Martín
repite: "El desalojo de la antigua fábrica de Celgán es inminente".
El concejal de Urbanismo, José Ángel
Martín, señaló ayer que el área que dirige se encuentra inmersa "en la
declaración de ruina y preparando la intendencia para proceder al desalojo de
la antigua fábrica de Celgán".
El también primer teniente de
alcalde dijo que "se trata de una cuestión de seguridad", ya que las
condiciones del inmueble en el que vive una veintena de personas sin hogar han
empeorado a consecuencia de un desprendimiento la pasada semana.
Por ello, señaló que el desalojo
"es inminente", hasta el punto de que "esta semana concluirán
todos los trabajos técnicos", y avanzó que "daremos 48 horas a los
propietarios de la fábrica para que tomen todas las medidas de seguridad para
la demolición, que en caso de que no lo asuman, lo hará de manera subsidiaria
Urbanismo".
Por otro lado, la Plataforma por la
Dignidad ha convocado para hoy en Casa Taucho, a las 18:30 horas, una asamblea
abierta a ciudadanos y colectivos para abordar acciones y propuestas con un
único objetivo: parar de alguna manera la debacle social que se está sufriendo
en la capital chicharrera y en todo Tenerife.
Un
mes para demoler la fábrica de Celgán. Santa Cruz de Tenerife
La Gerencia de Urbanismo de Santa
Cruz de Tenerife ha dado un mes a la entidad mercantil propietario de la vieja
fábrica de Celgán, situada en el barrio de Tío Pino, para que demuela parte del
edificio y afronte los 204.000 euros que costarán las obras.
Esto figura en la orden de
demolición parcial del inmueble dictada ayer por los técnicos de la Gerencia.
Asimismo, la orden incluye el desalojo de las 15 personas que han ocupado estas
instalaciones al carecer de una vivienda, por lo que se ha dado aviso a la
Policía Local, a la Concejalía de Asuntos Sociales y al Servicio de Gestión
Medioambiental del Ayuntamiento.
La decisión se produce después de
que el pasado lunes 21 de enero, parte del piso interior de la antigua planta
de productos lácteos se viniera abajo por las graves deficiencias estructurales
del edificio. El derrumbe estuvo a punto de afectar a uno de los residentes,
aunque no causó ningún daño.
El desalojo se decide para
garantizar la seguridad de estas personas por el alto riesgo de que se produzcan
nuevos derrumbes, así como para que pasen a una vivienda donde puedan vivir en
buenas condiciones. Estas 15 personas residen actualmente entre escombros,
desperdicios y ratas, en unas condiciones higiénicas deplorables.
Los técnicos de Urbanismo han
concluido en su informe que el edificio no reúne las condiciones mínimas de
salubridad debido "a la dejadez absoluta de conservación y falta de
mantenimiento de la entidad propietaria de la misma". "En ningún caso
resulta viable su ocupación, por lo que resulta indispensable el desalojo y
auxilio de las personas que allí habitan", señala el documento de
Urbanismo.
Riesgo inminente
Los técnicos distinguen entre el
edificio A, perteneciente al antiguo colegio que luego formó parte de la planta
de Celgán, y el edificio B. En el primero de los casos, se determina que su
estado de peligrosidad "es importante" tras haberse producido el
desplome. Se considera que existe "un riesgo inminente de desplome"
de toda la zona frontal, ya que presenta grietas y hundimientos que lo
evidencian. "Toda la zona amenaza con colapso inminente", añaden los
técnicos. Ante esta situación, se solicita a la entidad dueña del inmueble a
que proceda en el plazo "improrrogable" de un mes a la demolición del
primer forjado de la edificación con la adopción de las medidas de seguridad
correspondientes.
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En el caso del edificio B, el
informe manifiesta que "también se encuentra en condiciones de riesgo
importante" si bien, a simple vista, "no se detecta el desplome de
ningún elemento estructural aunque sí existe un gran riesgo de caída de
cascotes". Por ello, Urbanismo exige a la entidad propietaria del inmueble
"a la adopción de cuantas medidas de seguridad se estimen convenientes
para mantener la edificación en las debidas condiciones de seguridad y
salubridad", entre ellas el tapiado de los accesos y el saneamiento de los
elementos desprendidos de la fachada.
También se ha informado a los dueños
del inmueble a que si no obedecen estas instrucciones el Ayuntamiento se hará
cargo de las obras, les pasará la factura e impondrá hasta diez multas por un
valor máximo, cada una de ellas, de hasta el 10% del coste estimado de las
obras ordenadas. En último caso, los denunciará ante la Justicia por
desobediencia a la autoridad.
El precio total de las obras
asciende a 204.000 euros: 150.000 por la demolición del forjado del patio,
42.719 por el tapiado del edificio, 3.000 euros para el saneamiento de todos
los elementos sueltos con peligro de desprendimiento de cascotes y 9.000 euros
para el desbroce, desescombro, limpieza de terrenos, gestión de residuos y la
desinfectación correspondiente.
Urbanismo también ha acordado
iniciar un expediente sancionador contra esta entidad mercantil por la presunta
comisión de una infracción grave tipificada en la Ley de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias. La norma establece una multa que
oscilará entre los 6.010 euros y los 150.253. Ante esta resolución, la empresa
afectada tendrá un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes.
Los indigentes esperan noticias
Los 15 indigentes que han ocupado la
vieja fábrica de Celgán no habían recibido ayer la notificación de desalojo
emitida por los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento. Sergio Chávez, uno de
los habitantes de la planta de Tío Pino, agradeció no obstante la atención que
les ha ofrecido el Consistorio y dijo que están dispuestos a marcharse pero
nunca al albergue, sino a un piso social o provisionalmente a una pensión.
Los trabajadores sociales
municipales ya han acudido en varias ocasiones a esta antigua fábrica y han
ofrecido a estas personas ayudas sociales y una subvención de 1.800 euros
durante seis meses para el alquiler de una vivienda social.
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